IA en educación: una brecha digital que empieza en la infancia
La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito educativo no es una hipótesis futura, sino una realidad en expansión. Según un estudio del Alan Turing Institute, el 52% de los estudiantes en escuelas privadas del Reino Unido ya utilizan herramientas de IA, frente a solo el 18% en escuelas públicas. Esta disparidad inicial refleja una fractura que podría ensancharse si no se abordan de forma estructural las condiciones de acceso, formación y acompañamiento.
En contraste, países como Emiratos Árabes Unidos están incorporando la IA de forma sistemática en todos los niveles educativos, mientras que experiencias como Unbound Academy en Arizona exploran modelos híbridos con docentes y algoritmos colaborando en tiempo real. La pregunta no es si la IA se integrará masivamente en la educación, sino cómo y con qué velocidad. La tecnología, por sí sola, no es especialmente costosa; lo que realmente limita su adopción equitativa son los marcos normativos, la capacitación docente y una pedagogía consciente de los derechos del menor. Integrarla, como en su día se hizo con Internet o los procesadores de texto, requerirá no solo inversión, sino reflexión ética y un compromiso sostenido por parte de los sistemas educativos.
Desigualdad invisible: el papel de los docentes y el capital tecnológico
Más allá del acceso material a la IA, la brecha educativa se profundiza en el plano intangible del acompañamiento pedagógico. En los centros privados, el uso de estas herramientas suele estar guiado por docentes familiarizados con su potencial y sus riesgos, capaces de contextualizar su uso dentro de un marco ético y curricular. En cambio, en muchas escuelas públicas, la formación del profesorado sigue siendo insuficiente o inexistente en este campo, lo que convierte la IA en un recurso marginal o, en el peor de los casos, una fuente de confusión y dependencia. Esta diferencia en el capital tecnológico y formativo no solo impacta el rendimiento académico, sino también la autonomía crítica del alumnado.
La pregunta de fondo no es simplemente quién accede a la IA, sino en qué condiciones, con qué orientación y bajo qué criterios de supervisión. La velocidad con la que se actualicen los planes de estudio y se legisle sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula será determinante para evitar que esta herramienta amplifique desigualdades ya existentes en lugar de mitigarlas.
¿Pueden los niños tomar decisiones éticas sobre la IA?
Un fenómeno emergente entre los estudiantes que ya utilizan inteligencia artificial es la toma de decisiones autónomas respecto a su uso. Algunos niños se cuestionan si deben emplearla para resolver tareas, redactar textos o generar ideas creativas, lo que revela una incipiente capacidad de discernimiento ético. Sin embargo, dejar estas decisiones exclusivamente en manos del alumnado es cargar sobre los más jóvenes una responsabilidad que corresponde a los adultos y al sistema.
Aún estamos en una etapa temprana de una tecnología que transformará la manera en que se aprende, se evalúa y se comprende el conocimiento. Por ello, el desafío no es únicamente tecnológico, sino profundamente pedagógico y moral. Urge integrar en la formación escolar una alfabetización crítica en IA que permita a los niños comprender cómo funciona, qué sesgos puede tener y qué consecuencias sociales conlleva su uso indiscriminado. Solo desde esa comprensión podrá construirse una relación saludable con estas herramientas, una relación en la que la autonomía se base en criterios formados, no en intuiciones aisladas.
Hacia una regulación educativa de la inteligencia artificial
La inclusión de la IA en la educación exige marcos normativos que vayan más allá de lo técnico y lo instrumental. Se trata de legislar no solo el acceso, sino también el modo en que estas tecnologías se integran en los modelos pedagógicos y en la gobernanza del sistema educativo. La rapidez de adopción tecnológica no siempre va acompañada por la misma agilidad en la actualización legislativa o curricular, y este desfase podría consolidar ventajas estructurales para algunos y obstáculos persistentes para otros.
Cualquier política pública que no ponga en el centro los derechos del niño, entendido como el eslabón más vulnerable del ecosistema educativo, corre el riesgo de replicar errores pasados. Es imprescindible construir cimientos sólidos: formación docente continua, criterios de supervisión y participación de toda la comunidad educativa en el diseño del nuevo marco digital. La IA puede democratizar el aprendizaje si se acompaña de visión, ética y voluntad política. Pero también puede convertirse en un instrumento más de exclusión si se deja al libre albedrío del mercado o a la improvisación institucional.
