Europa regula, Washington desregula, California expone: tres modelos de gobernanza de la IA

La aprobación del proyecto de ley SB-53 en California introduce un matiz inesperado en el debate sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Tras el veto al más ambicioso SB-1047, que pretendía imponer controles directos al despliegue de modelos frontera, el legislativo californiano opta ahora por una vía más pragmática: convertir la transparencia en un deber legal.
No es un gesto menor. Publicar informes sobre capacidades y riesgos catastróficos deja de ser una cuestión de marketing o de “responsabilidad social” y pasa a ser un mandato vinculante. La pregunta inevitable es: ¿basta con la transparencia o se requiere un control más firme?
El fantasma del veto: del SB-1047 al SB-53
El SB-1047, presentado en 2024, representaba la propuesta más ambiciosa de regulación californiana. Su lógica era preventiva: impedir que los modelos frontera pudieran desplegarse sin superar pruebas de seguridad. Para muchos, era un freno de emergencia frente a los riesgos de la IA avanzada.
Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom lo vetó, alegando que asfixiaría la innovación y ahuyentaría inversiones. En ese vacío emerge el SB-53, que no busca controlar el uso, sino garantizar la visibilidad pública. El lenguaje del poder cambia: de imponer barreras técnicas a instalar un espejo retrovisor. La velocidad continúa, pero ahora con ventanas abiertas.
Transparencia como obligación legal
El núcleo de la ley es claro: las empresas deberán publicar informes sobre riesgos catastróficos y capacidades críticas de cada modelo frontera. Además, se establece un sistema de notificación de incidentes con plazos breves y se incluyen protecciones explícitas para denunciantes internos que alerten sobre fallos o abusos. Lo disruptivo no es tanto el contenido de esos informes como su condición jurídica: ya no se trata de una concesión voluntaria, sino de un deber legal.
California convierte la transparencia en una forma mínima de gobernanza. Frente al modelo europeo —que regula antes de la puesta en el mercado— aquí se apuesta por exponer después del lanzamiento.
Tres modelos regulatorios en tensión
Con el SB-53, el tablero global de la IA se articula en tres ejes. En Europa, la AI Act despliega un calendario estricto: prohibiciones inmediatas, obligaciones para modelos de propósito general y auditorías técnicas hasta 2027. Su lógica es deontológica: primero los derechos, después la innovación.
En Washington, el AI Action Plan de la administración Trump opta por lo contrario: acelerar infraestructuras, desregular procesos y utilizar la IA como instrumento de supremacía geopolítica, incluso a costa de garantías éticas.
California queda en un punto intermedio: no busca frenar ni expandir sin límites, sino establecer un umbral mínimo, la visibilidad obligatoria de riesgos.
El laboratorio californiano frente al vacío federal
La historia se repite. En materia de privacidad, la CCPA anticipó debates que terminaron influyendo en el GDPR europeo y en normativas de otros estados. Hoy, con la IA, California vuelve a ocupar ese espacio: si Washington no regula pronto, el SB-53 puede convertirse en un estándar de facto.
Las tecnológicas, por su escala global, tenderán a unificar reportes en lugar de fragmentarlos por jurisdicción. El riesgo es evidente: la transparencia puede resultar insuficiente si no va acompañada de controles efectivos. Pero también lo es la oportunidad: obligar a publicar riesgos catastróficos puede abrir un nuevo lenguaje de responsabilidad industrial.
La transparencia como punto de partida, no de llegada
El SB-53 no resuelve la cuestión esencial de la gobernanza de la inteligencia artificial: ¿cómo controlar tecnologías capaces de generar daños irreversibles? Pero sí introduce un principio que trasciende California: la transparencia como obligación mínima, como espejo en el que la sociedad puede mirarse frente a sus sistemas más avanzados.
El futuro de la regulación global se dirimirá en este cruce: entre la ética europea, la supremacía estadounidense y el pragmatismo californiano. La incógnita permanece abierta: ¿es California un mero laboratorio simbólico o el punto de partida de un nuevo estándar global?