IA como derecho básico: ¿la nueva ciudadanía digital?

El reciente anuncio del gobierno de Emiratos Árabes Unidos —ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Plus a toda su población— marca un hito sin precedentes en la relación entre inteligencia artificial (IA) y políticas públicas. Esta decisión, que convierte una herramienta avanzada en un bien accesible a escala nacional, plantea una pregunta fundamental: ¿podría la IA convertirse en un nuevo derecho digital?

La propuesta no es menor. Si durante el siglo XX la electricidad y la sanidad definieron el umbral del bienestar moderno, el siglo XXI podría estar gestando su propia infraestructura básica: una inteligencia artificial pública al servicio de la ciudadanía. Pero, como toda promesa tecnológica, esta universalización no está exenta de interrogantes. ¿Qué implicaciones tiene delegar parte del conocimiento y la comunicación a una IA, y hacerlo además desde plataformas privadas?

La IA como nuevo derecho básico: alfabetización y equidad

Pensar la IA como un servicio esencial implica repensar el acceso, no como una ventaja competitiva, sino como una necesidad ciudadana. El modelo de Emiratos Árabes Unidos va más allá del gesto simbólico: al integrar esta herramienta en su tejido educativo, formativo y administrativo, proyecta una visión estratégica de alfabetización algorítmica universal.

Este enfoque recuerda lo ya explorado en nuestro análisis previo sobre la educación en IA: la necesidad de enseñar no solo a usar máquinas, sino a dialogar críticamente con ellas. Sin embargo, este salto también puede amplificar desigualdades. Si solo algunas naciones integran la IA como derecho básico, la brecha digital se transforma en una brecha cognitiva y epistémica. El riesgo es que el acceso a modelos de lenguaje deje de ser una cuestión tecnológica y se convierta en un nuevo factor de exclusión social y económica.

Ciudadanía crítica vs. ciudadanía asistida: ¿quién decide?

Ofrecer IA a toda la población no implica automáticamente formar ciudadanos más libres o informados. La universalización de herramientas como ChatGPT también plantea una tensión clave: ¿educamos para pensar junto a las máquinas o para delegar en ellas el pensamiento? Como se abordó en nuestro artículo anterior, la nueva alfabetización digital exige sospecha, discernimiento y autonomía.

Si los niños aprenden a pedir respuestas a un algoritmo sin cuestionar su diseño, lo que se produce no es emancipación, sino dependencia. La ciudadanía digital del futuro deberá ser capaz de usar la IA como asistente, no como sustituto del juicio crítico. Aquí reside la línea más delgada del proyecto: la comodidad algorítmica puede volver irrelevante el ejercicio democrático si no va acompañada de formación en pensamiento autónomo y ética tecnológica.

Soberanía digital y dependencia de actores privados

Aunque Emiratos Árabes Unidos lidera con esta iniciativa, lo hace a través de un acuerdo con OpenAI, una empresa estadounidense con control sobre la infraestructura, los modelos y las políticas de acceso. Este hecho no puede pasarse por alto. Si bien la medida parece democratizadora, también externaliza la soberanía digital a actores privados.

¿Qué ocurre si se modifican los términos de uso, se restringen funcionalidades o cambian los criterios de censura algorítmica? La ciudadanía digital así construida queda condicionada por decisiones corporativas ajenas a los marcos democráticos nacionales. Como se señala en los debates sobre gobernanza responsable de la IA, el acceso sin control sobre la tecnología puede generar una falsa sensación de autonomía. Lo que está en juego no es solo quién usa la IA, sino quién diseña las reglas de ese uso.

Conclusión: El futuro de la inteligencia artificial como bien público

Universalizar el acceso a la IA puede ser un paso decisivo hacia una sociedad más inclusiva, creativa y eficiente. Pero si este acceso no va acompañado de políticas de soberanía tecnológica, formación crítica y regulaciones claras, el proyecto corre el riesgo de consolidar nuevas formas de dependencia.

Emiratos Árabes Unidos ha puesto sobre la mesa un modelo que puede inspirar a otros países, pero también obliga a repensar qué entendemos por ciudadanía en la era digital. ¿Estamos formando usuarios o ciudadanos? ¿Derecho o privilegio? La respuesta dependerá de si concebimos la inteligencia artificial como un fin o como un medio: un medio para una sociedad más libre, más justa y más consciente de los límites de lo automatizado. La IA puede ser el nuevo servicio público esencial, pero no puede reemplazar la conciencia democrática que lo legitima.